Cuando en mayo del año pasado comenzaron a llegar centenares de camiones de la empresa de demoliciones DAYTA, con miles de toneladas de escombros procedentes de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, Ecologistas en Acción denunció los hechos al Ayuntamiento y a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento no sólo permitió el vertido de las 13.000 toneladas de escombros, sino que pretendió legalizarlos con el subterfugio de que se trataba de una zona de acopio para una planta de reciclaje de escombros. Ante la evidencia de que no existía constancia de tal planta, la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, autorizó dicha supuesta planta sin tener competencia para ello, pues una planta de reciclaje de escombros la tiene que autorizar la Junta de Andalucía. Al final, dicha autorización se ha anulado y la concejala de Urbanismo impuso a la empresa una ridícula sanción de 674 € por falta de licencia de obras, sin obligación de la retirada de los escombros.
Ahora la Junta ha cumplido con su obligación e impone a la empresa MARSUR TS-21 SL, propietaria de los terrenos y promotora de este vertido, una sanción ejemplar: 240.401 € y, lo que es más importante, la obligación de restauración ambiental del terreno donde han instalado esta escombrera ilegal.
En la citada notificación de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible se hace constar que en la inspección realizada “se comprueba que se está llevando a cabo el depósito de residuos, escombros, procedentes de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. A la fecha de inspección los residuos depositados alcanzan una superficie de 35 metros de ancho por 70 metros de largo y una altura de 3 metros. Los residuos depositados son residuos de construcción y demolición predominantemente inertes, que se están empleando para operaciones de relleno y acondicionamiento de un espacio sujeto a obra de urbanización. El titular del terreno es MARSUR TS-21, S.L. quien a su vez actúa como gestor de los residuos, procediendo a las operaciones de relleno, sin que conste autorización alguna para la actividad ni tampoco autorización a la citada empresa para operaciones de gestión de residuos. Por su parte, el beneficiario de la actuación es la empresa GRUPO Q GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L., promotor de la obra”.
Teniendo en cuenta que el tratamiento en una planta de reciclaje de estos escombros hubiera supuesto un coste de 53.000 €, con la sanción del ayuntamiento le salía a cuenta a la empresa verter de forma ilegal los escombros en medio de un bosque. Ahora no, la empresa tendrá que pagar 240.401 € de sanción, más el coste de la retirada de los escombros y de su gestión en una planta de reciclaje.
Toda la trama diseñada por los máximos responsables de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento para urbanizar el Rancho Linares se les ha venido abajo. A la anulación del Proyecto de Urbanización por carecer de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, se une ahora este varapalo a la empresa promotora y al propio ayuntamiento que, de nuevo, ha quedado en evidencia.
Ante esto, el Alcalde Germán Beardo, tan dicharachero en redes sociales, calla, con lo que se convierte en cómplice de las irregularidades cometidas por sus concejales delegados de las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, y por su protegido secretario particular Caraballo.
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