Izquierda Unida y Podemos han anunciado este miércoles la presentación de 213 enmiendas por la provincia de Cádiz a los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía (PGJA) que pretenden movilizar un total de 645 millones de euros. Esta cifra, presentada ante la delegación del Gobierno andaluz en la capital gaditana por la portavoz de Podemos en la provincia, Marina Liberato, y por el responsable provincial de Organización de IU Cádiz, José Luis Bueno, forma parte de las 335 enmiendas registradas en el conjunto de Andalucía por valor de 4.600 millones de euros. “Unas enmiendas diseñadas para intentar corregir un proyecto de presupuesto mediocre de este gobierno de las derechas y que no responde en absoluto a las necesidades de la comunidad autónoma y, mucho menos, a las de la provincia de Cádiz, con niveles de paro insostenibles y con datos de precariedad y desigualdad difícilmente mejorables con estos presupuestos”, apunta Bueno Pinto.
El responsable de Organización de IU Cádiz ha destacado que las enmiendas diseñadas por Podemos e Izquierda Unida para esta provincia pretenden, potenciar los servicios públicos de la provincia; favorecer el cambio de modelo productivo, poniendo en marcha las actuaciones necesarias para modernizar, diversificar y fortalecer el tejido productivo gaditano; garantizar un escudo de protección para parados, autónomos y pequeñas empresas, y que tenga como primer objetivo la extensión y ampliación de derechos; cumplir con las instituciones locales, desde ayuntamientos a la Universidad de Cádiz y, finalmente, avanzar hacia una movilidad realmente sostenible
En lo que respecta al blindaje de los servicios públicos, las enmiendas elaboradas por ambas fuerzas políticas contemplan la incorporación de enmiendas por un valor de 270 millones de euros. Así, gran parte de estas partidas, 147 millones de euros, concretamente, van destinados a la mejora de la sanidad pública, de los cuales, 74 millones se reservan para la mejora de infraestructuras hospitalarias, ha concretado la portavoz de Podemos, Marina Liberato, y 73 millones se reservan para la contratación de personal, así como el aumento y consolidación del personal sanitario.
Otra gran parte de este blindaje de los servicios públicos defendido por Izquierda Unida y Podemos es la educación, para la que ambas formaciones han previsto enmiendas por 62 millones de euros para la provincia, de los cuales, 45 millones van destinados a inversiones estructurales para cumplir con la Ley de Bioclimatización, “ahora más necesaria que nunca”, y el resto de esta partida va destinado a “poner fin al déficit inversor que padece la educación pública de esta provincia”.
Cierran el paquete de inversiones públicas los casi 70 millones destinados a potenciar los servicios sociales, de los que casi 20 millones son para aumentar el presupuesto de la Renta Mínima de Inserción (RMI), lo que permitirá aliviar la situación de las miles de familias de esta provincia que viven una situación de precariedad, agravada por las consecuencias de esta pandemia.
Tanto IU como Podemos hacen hincapié en la necesidad de “no dejar a nadie atrás en esta difícil situación, por lo que se han previsto planes de empleo por valor de 76 millones de euros, que deben ir acompañados de un proceso de reindustrialización, modernización y diversificación productiva”. Asimismo, Liberato ha destacado los “74 millones de euros en las enmiendas de IU y Podemos en ayudas directas a las PYMES y autónomos, con las que intentamos suplir la falta de compromiso de la Junta con estos colectivos”.
Junto a estas ayudas destinadas a la dinamización económica, las enmiendas recogen cerca de 25 millones de euros a políticas de fomento de la riqueza en el entorno rural. “Ya sabemos las carencias que tienen comarcas como la Sierra de Cádiz, en materia sanitaria, especialmente, con un importante déficit en infraestructuras, con medios de comunicación que no responden a las necesidades de la población y con una industria ganadera y agrícola emergente que necesita de un impulso institucional”, destaca Bueno Pinto.
Finalmente, IU y Podemos reclaman a la Junta ayudas directas por más de 38 millones de euros a los municipios, “somos una fuerza política eminentemente municipalista y creemos insuficiente los recursos que le llegan a los ayuntamientos desde la Junta de Andalucía para poder hacer frente a la lucha contra la pandemia, asumiendo competencias que no les corresponden y con pocos recursos para ello”. Para compensar este déficit, las enmiendas prevén, además, 15 millones de euros destinados a cubrir la deuda de la Junta con los ayuntamientos con cargo a la PATRICA.
“Enmiendas para compensar la falta de valentía de la derecha”
IU y Podemos han recalcado el espíritu general que une las enmiendas elaboradas por ambas fuerzas políticas para el conjunto de Andalucía. “Se trata de 4.600 millones de euros con los que intentamos compensar la falta de valentía de PP y C’s y que contrastan con los Presupuestos Generales del Estado aprobados con una mayoría amplia, que sí han tenido en cuenta la gravedad del momento actual y la situación de vulnerabilidad por la que pasan miles de españoles”.
“El Gobierno de Moreno Bonilla ha apostado por el continuismo, por un excesivo control del gasto y por un planteamiento general que, en nuestra opinión, es la antesala de medidas más austericidas”, afirma el responsable de Organización de IU. “Nosotros creemos que este gobierno tripartito se ha equivocado en el enfoque, por lo que proponemos un cambio radical, y en lugar de priorizar los intereses de las 17.000 familias más ricas de Andalucía, prestemos más atención al casi millón de parados de nuestra tierra, más de 181.000 en la provincia de Cádiz, y a los 200.000 hogares que están en situación de privación severa de recursos”.
Concluyen destacando que las enmiendas de IU y Podemos quieren, “blindar y proteger los servicios públicos fundamentales, para ello apostamos por el rescate de servicios como el 061, el 112, Salud Responde, ambulancias, limpieza en centros sanitarios y educativos o comedores escolares”. Además, añade, que se pretende “reducir los privilegios y el gasto superfluo; reducir la desigualdad, protegiendo a las capas de población más vulnerables y redistribuyendo el sistema tributario; utilizar todos los recursos para modernizar e innovar nuestro tejido productivo, priorizando la defensa de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos naturales; y finalmente, poniendo en el centro a los municipios y ayuntamientos, instituciones esenciales en la reconstrucción económica y social”.