El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones liderado por José Luis Escrivá ha iniciado una reforma normativa para facilitar permisos de trabajo para personas migrantes en situación irregular y para residentes en otros países.
Para ello la propuesta es la de modificar el Reglamente de la Ley de Extranjería a través de un Real Decreto del cual ya hay un borrador. El texto modifica el reglamento actual en tres aspectos. Por un lado en lo referente a la contratación en origen amplía y agiliza este mecanismo, también permite a los estudiantes extranjeros trabajar, y por último se crea una figura nueva que permitirá obtener papeles a los migrantes que se formen en los sectores que demanda la patronal.
La contratación en origen, ahora limitada a trabajos temporales del sector agrícola, es el mecanismo utilizado por la patronal agraria en lugares como Huelva o Almería. Un mecanismo legal facilitado por los distintos gobierno en el que se apoyan las empresas para crear unas condiciones de chantaje absolutas hacia el trabajador. Con las contrataciones en origen la situación legal de la persona contratada queda en manos del empresario. La legislación de este tipo de contrataciones por ejemplo incorporara aspectos como la exigencia de “compromiso” de permanencia en el puesto de trabajo por un periodo de tiempo, si no se respeta por parte del trabajador, hay deportación. Este tipo de contratación además del poder legal que otorga al empresario se cruza con otras condiciones sociales y económicas que generan situaciones como las que denuncian las temporeras de la Fresa.
¿Estamos ante un giro en la política migratoria del Gobierno de PSOE-UP?
No, no se trata de un giro en la política migratoria del Gobierno “progresista” que seguirá siendo la misma que hasta ahora, una política de vallas, CIEs y concertinas. De hecho incluso en el último periodo hemos vivido un reforzamiento de las fronteras y mayor represión contra aquellos que huyen del hambre y las guerras.
Este cambio busca agilizar la legislación en aspectos puntuales para facilitar a ciertos sectores patronales unas condiciones de contratación que responden a sus intereses inmediatos, una verdadera barra libre para las condiciones de contratación mientras condena a los migrantes a la precariedad.
El debate de los camareros abierto estas semanas responde a una nueva subjetividad y cambio de la situación económica superado el momento de la pandemia. Esto es una presión para que las condiciones laborales de un sector muy precarizado como es el de los trabajadores de la hostelería se eleven. Ante este peligro, la respuesta del Gobierno es la de crear las condiciones idóneas para que sigan precarizando aún más.
Por otro lado las medidas propuestas son la constatación y blanqueamiento de que los trabajadores inmigrantes sufren las peores condiciones laborales y están destinados bajo este gobierno capitalista a ocupar los puestos de trabajo que la población local no quiere.