En este encuentro Hacienda propondrá una subida salarial del 3,5% que no tendrá una aplicación directa, sino que estará ligada a condiciones como el crecimiento económico o la tasa del IPC. Podría plantear, asimismo, para intentar lograr un acuerdo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración central, con la posibilidad de extenderla a toda la Administración General del Estado.

Esta medida de aumento salarial del 3,5% a los funcionarios es, sin embargo, del todo insuficiente si tenemos en cuenta que la tasa inflacionaria fue del 10,5% en agosto, y se prevé que a final de año pueda rondar en torno al 8,5% en el mejor de los escenarios.

Cifras que se encuentran muy por encima de la revalorización salarial del 2% que tuvieron los empleados públicos a comienzos de 2022 y que con la tímida subida del 3,5% que pretende proporcionarles el gobierno con el beneplácito de los sindicatos seguiría dejando a estos trabajadores públicos con una reducción de su poder adquisitivo entorno al 7%.

Pero no solo se queda corta la subida prevista de los salarios de los trabajadores públicos, sino que el SMI sólo subió un 1,6% cuando la inflación aún estaba en el 5,5% y ahora que la tasa inflacionaria se ha duplicado, el gobierno se encuentra negociando una subida que, en el mejor de los casos, podría acercarse a los 1.100 euros, atendiendo a la demanda de los sindicatos UGT y CCOO de un aumento del 3,5%.

A este respecto, la ministra de Trabajo tampoco propone una subida que se ajuste a la inflación para que los 8,8 millones de trabajadores que cobran el SMI dejen de perder poder adquisitivo, sino que se queda en sugerir una subida del 7,8%, todavía 2,5 puntos por debajo de la inflación. Lo mismo ocurre con las pensiones, que, a comienzos de este año, con todavía un 6,1% de inflación, experimentaron una subida del 2,5% las contributivas y un 3% las no contributivas.

Nada más que migajas que lejos de buscar poner remedio al empobrecimiento de la clase trabajadora, solo tienen la función de tratar de aplicar un barniz progresista al gobierno que ha demostrado en incontables ocasiones que solo es la junta que administra los negocios de los grandes capitalistas y que busca blindarse, en colaboración con las burocracias sindicales, frente a la posibilidad de un otoño e invierno del descontento con su consecuente conflictividad social.

Por ello es que ni están ni se esperan en la agenda del Ejecutivo, ni en la del ministerio de Trabajo, ni en las direcciones de CCOO y UGT medidas elementales para defender el poder adquisitivo de la clase trabajadora y no condenarla a la miseria, como el ajuste de salarios y pensiones al nivel del IPC o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 1.500€, complementadas con la escala móvil de salarios que pase por la inclusión de cláusulas de revisión salarial automáticas y mensuales en todos los convenios y contratos por fuera de convenio de acuerdo al aumento del IPC.