Después de menos de seis meses de gobierno, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso vuelve a encontrarse nuevamente con vientos de protesta en el país andino. Esta semana ha tenido lugar las movilizaciones más importantes desde la revuelta de octubre de 2019.

La subida de los precios de los carburantes ha vuelto a ser una las causas que ha provocado el aumento del malestar social. Sin embargo, no ha sido el único motivo por el cual las principales organizaciones sindicales y del movimiento indígena han pasado a la acción.

La situación desde el estallido de la pandemia es de un deterioro acelerado de las condiciones de vida de las clases populares. Las cifras oficiales de pobreza y extrema pobreza han escalado hasta cifras estratosféricas, con más de cinco millones de personas que actualmente han caído en situación miseria y hambre. Esto ha provocado una ola migratoria que trata de escapar del país. También hay un significativo aumento de la violencia callejera y la delincuencia que golpea sobre todo a los barrios obreros y populares.

Al mismo tiempo el escandalo destapado por los llamados “Pandora Papers” en el que se revelan las cuentas en paraísos fiscales del propio presidente, le ha quitado de golpe una enorme legitimidad y capacidad para imponer todos los ajustes que estaba preparando su gobierno.

Todos estos elementos han hecho que las tensiones sociales se eleven considerablemente. Las reformas fiscal y laboral, enormemente regresiva en la cual se incluye supuestos en los que sea el propio trabajador el que indemnice al empresario en caso de despido procedente, junto a la privatización de las principales empresas publicas eléctricas han despertado un gran rechazo contra estas medidas.
Previendo este escenario y con la excusa del aumento de la delincuencia Lasso decretó el Estado de excepción, para tener mayor capacidad de represión ante las inminentes movilizaciones que iban a desatar sus ajustes.

Esta semana finalmente tenían lugar paros y movilizaciones en todo el país que han dejado decenas de heridos y detenidos entre los manifestantes. También el FUT, el principal sindicato del país, ha amenazado con convocar una huelga general para principios de noviembre.

La protesta no llega los niveles ni de masividad ni de radicalidad que hace dos años, pero muestra claramente que hay un hartazgo enorme con las políticas neoliberales de Lasso y a todo un sector que está dispuesto a enfrentarse en las calles para parar sus principales ataques. Estos sectores siguen enormemente influenciados por las burocracias sindicales, pero también por la principal organización del movimiento indígena, la Conaie.