La tarde del pasado miércoles se reunieron Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante la paralización judicial cautelar de las devoluciones de los cerca de 800 menores migrantes que llegaron a la ciudad ceutí el pasado mes de mayo. Finalizada la reunión, Vivas anunció en rueda de prensa el compromiso de ambos gobiernos para realizar las expulsiones por “la vía que marca el reglamento de la Ley de Extranjería”, para evitar nuevas paralizaciones judiciales, y en “el menor tiempo posible”.

Tras dos semanas de litigios judiciales, el pasado martes un tribunal ceutí mantenía la paralización cautelar de las devoluciones al considerar que no cumplían la legalidad. Así lo había denunciado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que presentó los recursos que pusieron en evidencia la irregularidad del proceso.

La Ley de Extranjería exige la realización de informes individuales previos a cada menor migrante. Procedimiento que no estaban cumpliendo los gobiernos español y ceutí, que habían acordado con el Estado de Marruecos la devolución directa. Así lo han señalado los tribunales y por ello Sánchez se ha trasladado a Ceuta para resolver el asunto con Vivas.

Tras el acuerdo de ambos presidentes, Vivas ha informado que las devoluciones no están en discusión, porque “el auto no ha dicho que los retornos no sean posibles, sino que se tienen que someter a un determinado procedimiento”. No ha especificado los plazos, tan sólo que van a poner todos los medios posibles para agilizar los expedientes y así realizar cuanto antes las expulsiones.

De esta manera queda descartada toda alternativa a las devoluciones y al traslado de menores migrantes a la Península, aunque sea de manera temporal. Sin embargo, el presidente ceutí no ha dado detalles sobre las condiciones de los cientos de menores a la espera de que se cumpla el procedimiento para su expulsión, a pesar de reconocer que su situación actual en la región es muy precaria, muchos de ellos viviendo directamente en la calle.

El objetivo de la reunión tan sólo era acordar y garantizar la expulsión por lo que Vivas, a pesar de ser presidente por el Partido Popular, ha valorado muy positivamente a Sánchez y la actitud de su gobierno durante esta situación. Y tiene razones para estar agradecido, cuando el gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos ha aplicado justamente la política de la derecha y la extrema derecha: militarizar fronteras y expulsiones masivas.

Tal ha sido la vehemencia con las expulsiones de un gobierno que, supuestamente, es el freno y alternativa a la derecha, que hasta los reaccionarios tribunales lo han puesto en evidencia por incumplir los pocos derechos que la racista Ley de Extranjería deja a las personas migrantes.