La medida anunciada por el Gobierno se basa en implementar un sistema de peajes para que, en un período de tres años, todas las autopistas y autovías del Estado sean de pago. Lo cual se ha argumentado como la búsqueda de la “sostenibilidad” de la red de carreteras, así como una suerte de “fiscalidad verde”. ¿Pero realmente es así?

De entrada, hay que tener en cuenta que estos peajes actuarán como un impuesto indirecto, es decir, aplicado al consumo, de carreteras en este caso, y por lo tanto con independencia del nivel de rentas. Por lo tanto, no va a estar destinado a fiscalizar actividades empresariales y del capital, sino que es un impuesto que se va a descargar sobre la clase trabajadora, clases medias y el resto de los sectores populares que hagan uso de las carreteras y de transportes.

La medida viene exigida desde Bruselas como parte de un paquete de ajustes fiscales que van a afectar también a otros transportes, como el aéreo, y que está imponiendo al Gobierno como exigencia para poder acceder a los primeros 70.000 millones de los fondos europeos. Ajustes que van a ser la tónica general y que el Gobierno “progresista” está comenzando a aplicar. Ahora bien, estas medidas vienen ahora adornadas con discursos “ecologistas”, de “sostenibilidad” o “resilencia”.

No obstante, el sistema de carretas no es que sea ahora mismo insostenible en términos de financiación. Existe toda una batería de impuestos también indirectos que se aplican a los conductores y conductoras, como impuestos de circulación o de matriculación, sobre los combustibles, el IVA en las compras de nuevos vehículos, etc.

Estos impuestos que en 2019 generaron algo más de 30.000 millones sólo en el sector del automóvil, van a los Presupuestos General del Estado (PGE), pero luego no se destinan ni a las carreteras ni a proyectos de transporte más sostenibles y colectivos, sino a partidas como el pago de esa deuda pública que está exigiendo la Unión Europea. De hecho, el presupuesto el Gobierno pretende gastar este 2021 para la conservación de carreteras según sus PGE es de tan sólo 1.084 millones de euros.

De esta manera, si la red de carreteras es deficitaria, no es porque los usuarias estén pagando pocos impuestos, sino porque se ha tomado la decisión de no invertir más y es lo que explica el déficit de 7.000 u 8.000 millones euros de los que se habla.

Para ello van a meter otro impuesto más a la lista con el que el Estado recaudaría 4.698 millones al año y ahorraría 850 millones anuales, al menos así nos lo vende la Seopan, una Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Porque esta patronal del sector ya viene pidiendo desde hace tiempo un sistema de peajes y no es casualidad, más dinero público para invertir en infraestructuras es más facturación y beneficios para ellas, a costa naturalmente de las usuarias y usuarios de las carreteras.

Una medida de ajuste y a la medida de las empresas

Como vemos, quién está del lado de implementar los pejes son Bruselas y la patronal, lo cual ya nos dice mucho. La Unión Europea plantea un nuevo impuesto para que el Gobierno español no derive recursos públicos a infraestructuras que tienen que ir destinados a reducir el déficit y pagar a los bancos europeos sus deudas. La patronal consigue hacer más negocio con la mayor inversión prevista de dinero público que garantizaría el sistema de peajes.

Si se quisieran obtener recursos sobre los sectores que acumulan la riqueza aplicarían los impuestos sobre las rentas del capital, es decir, sobre los beneficios que obtienen industrias y multinacionales milmillonarias como las automovilísticas o de combustibles, y no sobre el consumo, que termina pagando el consumidor.

Esto además en la práctica va a suponer una restricción del uso de las autovías para las personas con menos recursos, que incluso pueden optar por usar carreteras secundarias mucho menos seguras. Las carreteras pagadas con dinero público y que han engordado durante años las fortunas de las constructoras privadas, van a quedar para uso de ricos y clases medias acomodadas.

¿Pero es una medida ecológica al menos?

Un recurso cada vez más utilizados por los gobiernos capitalistas de turno es el “greenwashing”: hacernos pasar sus políticas de ajuste como medidas en favor del medio ambiente. Así nos tratan de vender este nuevo impuesto, como si de “fiscalidad verde” se tratase, pero el criterio fundamental es el de recaudar, no el de discernir entre los tipos de vehículo más o menos contaminantes ni nada parecido.

Durante décadas las políticas de los distintos gobiernos capitalistas, sea del PP o del PSOE, han sido promover el transporte basado en vehículos privados, un enorme negocio para la industria automovilística que desde la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en una de las principales a nivel mundial. Y que concretamente en el Estado español ha tenido y sigue teniendo un importante peso industrial, con multinacionales como Nissan, Mercedes-Benz, Opel, Ford, etc. Y un enorme negocio para las constructoras de las infraestructuras de la actual red de carreteras del Estado, las mismas que quieren seguir haciendo negocio gracias a los peajes.

El transporte público sería realmente la alternativa ecológica y la alternativa que incluso los peajes podrían fomentar si se quisiera ver algo positivo, no es alternativa alguna porque son servicios precarios e insuficientes, por las privatizaciones o externalizaciones que han ido aplicando los gobiernos.

Una política neoliberal que desde hace décadas como decíamos, privatiza las empresas públicas de transporte con falsos argumentos de ineficiencia y déficits, que en todo caso han generado intencionalmente los propios gobiernos capitalistas para que luego empresas privadas puedan obtener beneficios, a costa de precarizar las condiciones laborales y el propio servicio.

En ningún momento la prioridad ha sido la de invertir en un buen sistema público de transportes, que sin duda sería más eficiente y con menor coste ecológico. Y menos que nunca con el actual Gobierno “progresista” que ni siquiera en plena pandemia le ha dado prioridad, incluso cuando los autobuses, metros y tranvías están abarrotados en las horas punta todos los días. Ni al frente del Estado, ni en comunidades autónomas o ayuntamientos estos gobiernos “progresistas” han revertido los procesos de privatización del transporte público, a pesar de que muchos de sus trabajadores y trabajadoras luchan cada día por ese objetivo.

Por ello esta medida de los peajes junto a otras que vendrán, son las políticas de ajuste que va a exigir Bruselas y que este Gobierno “progresista” y los siguientes van a aplicar de forma sistemática. Y para ello van a recurrir a adornos hablando de “ecologismo” o Green New Deal, pero son políticas de ajuste enfocadas a que los gobiernos afronten el pago de las deudas y las grandes empresas puedan seguir acumulando beneficios. Todo para que las crisis capitalistas y las supuestas “transiciones ecológicas” las siga pagando la clase obrera y los sectores populares.