La esterilización no consentida de mujeres en comunidades originarias es investigada actualmente por el Ministerio de Salud (Minsa) en lo que constituye otro escándalo que impacta en la sociedad panameña. El Ministerio ha emitido un comunicado en el cual afirma haber iniciado tales pesquisas con el objetivo de investigar esos procedimientos quirúrgicos de esterilización no consentida en las pacientes.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo informó la creación de una comisión de derechos humanos para profundizar en el tema.
Los hecho se remontan a octubre del 2021 cuando autoridades del ministerio de salud realizaron una visita junto a otros legisladores a la comunidad indígena de Charco La Pava, en Bocas del Toro. Allí fue que recibieron más de una docena de denuncias de mujeres que declararon que una vez que habían dado a luz bajo anestesia, al despertar se dieron cuenta de que se les había esterilizado, sin que mediara ningún aviso previo ni el consentimiento respectivo.
Según informaron medios de prensa, los asambleístas apenas recibieron esas denuncian, procedieron a redactar un informe y solicitaron que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se presentara de manera urgente ante la comisión, pero hasta este momento Sucre no había comparecido.
Un hecho a destacar. Según informaciones de agencia, todas las mujeres esterilizadas de manera no consentida mencionan un hospital llamado El Silencio. Claramente expresaron que al haber parido en ese hospital habían sufrido dicha intervención quirúrgica que afectó su capacidad reproductiva, en tanto aquellas mujeres cuyos partos (de manera natural o cesárea) ocurrieron en sus comunidades, no tuvieron consecuencias reproductivas.
Por otro lado, fuentes oficiales (la ministra encargada de Salud, Ivette Berrio) insisten en que “En Panamá, si no hay consentimiento informado no se realiza ningún procedimiento” de esterilización“.
Pero es evidente que a la hora de otorgar credibilidad, las voces oficiales no cuentan y sí desde luego, las mujeres víctimas de esta brutal violación a sus derechos.