En numerosas ciudades francesas se han producido protestas este sábado contra de la nueva ‘ley de seguridad global’, aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada y que limita la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas policiales. Varios casos de violencia policial de connotaciones racistas ocurridos durante la última semana han exacerbado el descontento social contra el Gobierno de Emmanuel Macron. La multitudinaria y generalizada jornada de movilizaciones terminó con incidentes en París y otras ciudades.
“Estoy en la calle por mi libertad” fue el grito multitudinario de decenas de miles de personas en las calles de las ciudades francesas en contra de la citada ley y de su artículo 24, que limita la filmación de las acciones de las fuerzas policiales, una impunidad que buena parte de la población francesa considera una vulneración de la libertad de prensa e información. Otras consignas coreadas masivamente fueron “¿Quién nos protegerá de la ferocidad del orden?”, «Bajen las armas, bajemos las cámaras”.
La movilización principal se dio en París donde, según cifras del Ministerio del Interior francés, tomaron las calles 46.000 personas, una cifra real considerablemente mayor si tenemos en cuenta la fuente y de enormes proporciones considerando el contexto de pandemia actual. Los manifestantes partieron la Plaza de la República recorriendo el centro de París hasta la Plaza de la Bastilla. Durante la protesta se pudieron ver numerosas banderas sindicales rojas, insignias nacionales tricolores y carteles de elaboración personal en que se denunciaba la violencia policial, por la libertad de prensa y exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Gérald Darmanin.
La multitud parisina fue de composición muy heterogénea, congregando desde periodistas y estudiantes de periodismo, hasta activistas de izquierda, colectivos de defensa de los derechos de los migrantes y ciudadanos de diversas tendencias políticas que expresaron su indignación por la creciente ola represiva y policial propiciada por el gobierno de Macron y su mayoría parlamentaria, especialmente desde las protestas de los ‘chalecos amarillos’ que se desató en 2018 contra las medidas económicas neoliberales del gobierno francés.
«Empezamos desmontando los derechos de los trabajadores y ahora atacamos las libertades fundamentales y los fundamentos de nuestra democracia, la libertad de expresión, de información«, denunció durante la marcha en la capital del país, Sophie Misiraca, abogada en derecho social.
En el cierre de la jornada, los antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y realizaron varias detenciones. Los choques violentos continuaron en los alrededores de la Plaza de la Bastilla, donde fue incendiada la fachada del Banco Central de Francia.
Otras concurridas manifestaciones tuvieron lugar durante la jornada en ciudades como Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon, Marsella, Montpellier, Nantes y Rennes. También en algunas de estas ciudades la policía cargó contra los manifestantes.
La importancia de poder filmar a la policía
El sábado anterior una manifestación ya había convocó a varias decenas de miles de personas en todo el país, según cifras oficiales. La oposición a la nueva vuelta de tuerca represiva a los derechos democráticos ha seguido intensificándose como muestra la jornada de movilización masiva y generalizada de este sábado, una ley denunciada tanto por periodistas como defensores de las libertades sociales.
La brutal evacuación nocturna de un campamento de migrantes en París el pasado lunes y la difusión el jueves de un vídeo con imágenes de cuatro policías agrediendo a un productor musical negro aumentaron la indignación popular durante la última semana.
Los activistas contrarios a la nueva normativa señalan que pretende criminalizar a los ciudadanos que filmaron imágenes de violencia policial como las registradas durante el desalojo del campamento o contra el productor afro. Denuncian que el artículo 24 no solamente perjudica a los periodistas y subrayan la importancia de las imágenes como testimonio de la actuación policial en determinadas zonas donde se vive un racismo sistemático.
El Gobierno forzado a rectificar
El llamado a las movilizaciones fue promovido por asociaciones de prensa, sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos que hicieron público un comunicado conjunto en el que aseguraban, que en caso de aprobarse, Francia se sumaría a la lista de los países que vulneran la libertad de prensa.
Tras hacerse viral el vídeo de la reciente agresión al productor Michel Zecler, hasta el mismo Macron se vio obligado a afirmar que se trataba de una «agresión inaceptable», que eran «imágenes que nos avergüenzan» y que el gobierno debería tomar medidas «para luchar de manera más efectiva contra todas las formas de discriminación».
Ante el descontento generalizado y la movilización social se desató una nueva crisis política en Francia. El gobierno se vio obligado a ceder anunciando una nueva redacción del texto legal por parte de una «comisión independiente» para después, ante la reacción crítica de los parlamentarios que habían aprobado la ley, asegurarles que tendrían la última palabra sobre el tema. El principal blanco de todas las críticas ha sido el ministro del Interior, Gérald Darmanin, principal impulsor de la ley. Para ser aprobado definitivamente, el texto deberá ser aprobado por el Senado, que tenía previsto discutirlo en enero.