El IPC acumulado al cierre de este año promete rozar la cifra del 6%, un dato no visto desde 1992. Pero esta media, como todas las medias estadísticas, puede llevar a engaño. La merma de poder adquisitivo en los bolsillos de asalariados y pensionista es aún mayor.

Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en los últimos 6 meses la cesta de la compra se ha disparado. Tomando como referencia una lista de 23 productos básicos de alimentación de todas las categorías (carne, frutas, verduras, bebidas, lácteos, alimentación envasada, droguería e higiene) en 14 cadenas de ámbito nacional, la conclusión es clara: “en muy pocos productos las bajadas de precio son relevantes y su cuantía tiende a ser inferior a las subidas”. Productos elementales como la pasta o la margarina se encarecen un 20%, la leche un 14%, los huevos un 10%, la carne de ternera un 18% o el pollo un 8%.

El Instituto Nacional de Estadística reconoce que otros rubros también se encuentran disparados, como la vivienda cuyos gastos se disparan al 18% o el transporte, por encima del 10%. Por no hablar de la factura energética de los hogares que está ya por encima del 40% respecto a las facturas de las navidades pasadas.

Ante semejante escalada los Presupuestos Generales del Estado aplican la misma filosofía que defiende la patronal en la negociación colectiva: contención salarial. En otras palabras, que el aumento de los costes de producción – alentados por la escalada energética y la crisis de suministros global – se descargue sobre las espaldas de la clase trabajadora en forma de inflación y rebaja de salarios reales.

Así, para las y los empleados públicos el gobierno “progresista” y sus socios de derecha, como el PNV, y “izquierda”, como ERC y EH-Bildu, han limitado la subida salarial a un 2%, un auténtico tijeretazo. Con las y los pensionistas la operación es idéntica. Se establece una engañosa media del IPC de los meses anteriores a noviembre que da un coeficiente del 2,5%, entre 3 y 4 puntos por debajo del índice oficial previsto, y muchos más del verdadero aumento del coste de la vida del que dan cuenta estudios como el de OCU.

Este “pensionazo” encubierto deja a quienes llevan toda la vida trabajando en la misma senda de empobrecimiento retributivo en la que les metieron los primeros gobiernos ajustadores de Zapatero y Rajoy.

Desde 2011 el fondo de reserva de las pensiones se ha dilapidado para el costeo de una deuda pública generada para rescatar a la banca y los grandes capitalistas de los efectos de la crisis anterior. Hasta 64 mil millones teóricamente destinados a sostener el sistema y garantizar el poder adquisitivos, que han terminado en última instancia en el bolsillo de las grandes marcas de las finanzas.

En 2012 además entró en vigor el famoso coeficiente del 0,25%, que dejó las subidas anuales en cantidades tan ridículas que en ocasiones costaba más el sello de la carta en la que se notificaba que en el nuevo año el beneficiario podría tomarse un cortado más al mes.

Las mareas de pensionistas y sindicatos de la izquierda sindical se viene denunciando este robo sistemático, del que el gobierno del PSOE y UP siguen siendo continuadores. Lo hicieron hace una semana en el País Vasco con masivas manifestaciones que cuestionaron directamente el apoyo de EH-Bildu a las cuentas del Ejecutivo. Lo hacen en decenas de ciudades todos los lunes en sus concentraciones semanales.

La rebaja salarial de parte del Estado a empleados y empleadas públicas y pensionistas es un ataque al conjunto de la clase trabajadora. El mayor empleador fija así las líneas rojas que después todas las patronales quieren imponer en la negociación de convenios y tablas salariales, como se vio en la huelga del metal de Cádiz y en decenas de conflictos en curso.