Las trabajadoras de la limpieza de Córdoba llevan desde el pasado 22 de diciembre en una huelga indefinida a causa de que la UTE —la empresa que el Servicio Andaluz de Salud tiene subcontratada y en la que se encuentran integradas Ferroser, ISS y Eulen— haya aplicado la subida del salario base conforme al Salario Mínimo Interprofesional a costa de no pagar el plus por antigüedad.
Debido a la negativa de la patronal de cumplir con lo que dicta la legislación y el ninguneo al que sometió a las trabajadoras después de romper unilateralmente las negociaciones del convenio, el salario base continúa en 717€, en lugar de los 956€ del SMI marcados en el inicio del conflicto y que actualmente han ascendido a 1.000€, cifra que solo percibirían si renuncian a cobrar los pluses personales.
Las trabajadoras no solo han tenido que enfrentarse al despotismo patronal, sino también a la violencia ejercida por la policía, que atacó sin contemplaciones—como suele hacer cuando se trata de reprimir conflictos obreros— uno de los piquetes, dejando a una de las trabajadoras que formaba parte de ellos con lesiones leves.
Ahora, Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta de Andalucía y miembro del PP, pretende apuntalar este ataque a los derechos de las trabajadoras del sector negando su derecho a huelga mediante el decreto de ampliar los servicios mínimos al 100%. Un claro chantaje a las trabajadoras en lucha a las que se pretende obligar a acabar con la huelga, dejándolas a merced de la precariedad que caracteriza un sector especialmente feminizado y que constituye un blanco predilecto de la privatización, con su consecuente empeoramiento de las condiciones laborales.
La Junta excusa esta decisión en la necesidad de mantener la labor de limpieza en los centros hospitalarios para su correcto funcionamiento, considerando que esta necesidad comprende desde la esterilización de las zonas quirúrgicas o la higienización del textil sanitario hasta «la desinfección de superficies de contacto frecuente, como barandillas y pasamanos, botones, pomos de puertas, interruptores, mesas, escaleras, ascensores, grifos, teclados, teléfonos, etc.».
No solo se trata de suprimir el derecho a huelga de las trabajadoras de un sector que fue considerado esencial durante la pandemia sin ver, por ello, una sola mejoría en sus condiciones de trabajo, sino que se las está responsabilizando de «poner en peligro la salud e, incluso, en algunos casos, la vida» de los pacientes y del deficiente funcionamiento de los centros de salud y hospitales de la provincia.
Este señalamiento que realiza la Junta en perfecta alianza con los intereses de la patronal, lo hace al tiempo que no solo no contrata a más personal sanitario para hacer frente al colapso que lleva produciéndose en los hospitales y centros de salud desde el inicio de la pandemia, sino que hace tan solo un mes proponía que los médicos de familia ampliasen su jornada laboral hasta las 12 horas para frenar la presión asistencial.