El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este martes al Estado español por no llevar a cabo una «investigación profunda y efectiva» de la violencia policial que sufrió en 2012 una manifestante de la concentración Rodea el Congreso, refugiada en un bar del madrileño barrio de Huertas. El fallo obliga a indemnizar a la demandante con 1.000 euros por daños morales. La Audiencia Nacional ya le había compensado con 750 euros en concepto de daños morales.
El tribunal europeo, con sede en Estrasburgo, entiende que las autoridades españolas «han sido incapaces de identificar e interrogar a los policías implicados, y evaluar correctamente la proporcionalidad de sus acciones hacia la demandante».
Recuerda que el juez de la Audiencia Nacional que acordó la indemnización consideró que la demandante «no debió haber sufrido esas lesiones, porque nada hace concluir que contribuyó a los actos violentos tras la manifestación». Esa indemnización «no pudo reparar la falta de efectividad de las investigaciones de las autoridades sobre el carácter desproporcionado del uso de la fuerza», dice el fallo. La víctima de violencia policial, residente en Madrid, asistió con dos amigas el 29 de septiembre de 2012 a la manifestación Rodea el Congreso contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno.
Una vez finalizada, hubo episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, y las tres mujeres se refugiaron en un bar a 400 metros de la Cámara baja. En un momento, los agentes policiales entraron en el bar y «desalojaron por la fuerza a algunas personas», entre ellas la demandante.
Tres semanas después, presentó una denuncia contra los agentes, junto al parte médico de lesiones por una «herida en la cabeza que necesitó la colocación de una grapa en el cráneo, traumatismo craneal y múltiples contusiones». Además, presentó el nombre de tres testigos, mencionó un vídeo emitido en La Sexta y la matrícula del furgón policial aparcado delante del bar. La Fiscalía solicitó sobreseer el caso por falta de pruebas.
No es la primera vez que el TEDH condena al Estado español. Hasta el momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en 62 ocasiones los últimos 20 años por no respetar el derecho a un proceso justo, diez de las cuales son por no haber desarrollado una suficiente investigación judicial en denuncias de torturas por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.