Este verano del presente año ha supuesto un antes y un después en la percepción ciudadana de los riesgos asociados al cambio climático: Año récord de bosques quemados en España, ciudades asfixiadas por el efecto “isla de calor”, noches de insomnio y consumo energético disparado. El negacionismo climático “mata”, evidenciado en un triste récord de fallecimientos asociados al calor extremo y a la severa situación de sequía.

Pese a este panorama, no se vislumbra una verdadera ofensiva de las instituciones para atajar la cuestión, y los ayuntamientos de ciudades como Sevilla, Jerez, o Granada siguen destacando en las noticias por intervenciones urbanas arboricidas, justo cuando más falta nos hace el papel protector del árbol urbano.

Resultan inconcebibles situaciones como la de la tala del centenario ficus de la Plaza de San Jacinto de Sevilla, un arboricidio en toda regla que ha tenido enorme trascendencia a escala nacional e internacional, y que ha dado pie a estudiar la necesidad de que los árboles de nuestras urbes cuenten con estatus jurídico que garantice su protección frente a la inacción o las agresiones de gobiernos municipales.

Talar un árbol maduro sin suficiente justificación es un daño irreparable, y en gran parte de los casos son políticos y técnicos municipales los máximos responsables de los mismos.

Ganemos Jerez lleva años trabajando el asunto del cuidado de nuestros árboles: “Pese a lo limitado de nuestra ámbito de actuación, en Ganemos hemos sido de las primeras formaciones políticas en solicitar una ley específica para la protección del arbolado urbano bajo la consideración patrimonial del mismo. Así se consiguió un acuerdo unánime elevado por este pleno municipal al gobierno andaluz en febrero de 2020, no teniendo a fecha de hoy respuesta alguna por parte de la Junta de Andalucía”, señalan desde la formación municipalista.

Frente a la inacción del gobierno andaluz del Partido Popular, el parlamento canario sí que ha iniciado los trámites para tramitar una ley que prohíba la tala y poda drástica de árboles en las ciudades y que, en definitiva proteja el arbolado urbano.

El Ayuntamiento de Jerez debe tomar nota y reformular el objeto de sus servicios de tratamiento de arbolado urbano y zonas verdes, hoy tristemente basados en el desbroce y la tala como supuestos servicios de saneamiento de arbolado y de limpieza pública.

Las principales asociaciones profesionales de arboricultura y jardinería, expertos/as universitarios/as y grupos de investigación piden un cambio urgente de paradigma, limitando las podas a situaciones de peligro evidente y eliminando los criterios arbitrarios. “Gastamos dinero público absurdamente en podas sistemáticas inútiles e incluso contraproducentes, que no benefician ni al árbol ni a la ciudadanía. La poda sólo se debe hacer cuando el árbol realmente lo necesita o si interfieren peligrosamente con otras infraestructuras; si queremos fomentar la biodiversidad no podemos seguir pensando que tener un espacio verde limpio equivale a un espacio desbrozado, porque estaremos eliminando gran parte de dicha biodiversidad”, explican desde Ganemos, añadiendo que un desarrollo normativo basado en este nuevo estatus jurídico del árbol debe suponer un freno a este despilfarro público de recursos.

Ganemos Jerez se suma, por tanto, a la iniciativa de Alianza Verde España, que ha registrado a través del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común el pasado 7 de septiembre como Proposición no de Ley en Comisión, que busca establecer mecanismos de protección y preservación de los árboles urbanos, lo que incluye un estatuto jurídico del árbol.

Ganemos llevará este asunto al pleno municipal, pues “es urgente que los árboles pasen de su consideración como objeto que establece la ley actual a un reconocimiento plenamente garantista y acorde a su condición de seres vivos con alto valor social y ecológico”, concluye Pepe Valero, desde la formación municipalista.