El Real Decreto de la reforma laboral de Yolanda Díaz no tiene todas las de ser refrendado en el parlamento el próximo 28 de enero. El acuerdo alcanzado entre la ministra de Unidas Podemos, las patronales de la CEOE y CEPYME y las direcciones de CCOO y UGT, está en búsqueda de los respaldos parlamentarios necesarios para salir adelante.

A pesar de ser una reforma que deja intacto el legado de ataques de las impuestas bajo los gobiernos del PSOE y del PP, en especial la de 2012 de Rajoy, la derecha del PP y Vox han anunciado que votarán en contra. El PSOE mira ahora a Ciudadanos para que la respalde pero, aunque de contenido no debería tener mayor problema, la proximidad de las elecciones autonómicas en Castilla y León donde la formación naranja puede confirmas su próxima extinción lo pone difícil.

La ministra de Trabajo sigue buscando apoyos en el ala izquierda del hemiciclo y en el partido casi oficial de la patronal vasca, el PNV. Éste último pide alguna contrapartida en que se mejore la primacía del marco autonómico de negociación colectiva, pero con el sello de Garamendi en el acuerdo es fácil que termine aviniéndose a un acuerdo.

Las mayores complicaciones las encuentra en garantizarse los votos de ERC y EH-Bildu. El partido de Rufián exige que se recupere el control administrativo de los ERE, una de los ataques de 2012 que Díaz y la burocracia sindical han dejado intacto. EH-Bildu, presionada por la firme oposición de la mayoría sindical vasca de ELA, LAB y ESK, exige que se lleve adelante una mayor derogación de los artículos referidos a la indemnización por despido, causas de los mismos y sobre todo la primacía de los convenios de sector en todos los aspectos y de los autonómicos por encima de los estatales.

Varias de las modificaciones que piden los socios de investidura del gobierno “progresista” irían pues en el sentido de mejorar el texto de la reforma en favor de las reivindicaciones e intereses de las y los trabajadores, aunque quedarían lejos todavía de una verdadera derogación de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, las direcciones de CCOO y UGT no han salido a respaldar estas peticiones, sino a todo lo contrario.

El más contundente ha sido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha pedido a estas formaciones que se limiten a convalidar el acuerdo. “No es procedente que empecemos a negociar modificaciones” y les ha emplazado a que las pretendidas mejoras las aplacen “a la segunda parte de la legislatura”.

Pepe Álvarez, de la UGT, se mostraba más abierto a posibles modificaciones, eso sí, siempre que “puedan negociarse con los agentes sociales”. Es decir, que sin la venia de la patronal no se toque una sola coma de lo acordado. O lo que es lo mismo, de mejorarla en un sentido favorable a las y los trabajadores nada.

La aceptación de la herencia de ajustes y pérdidas de derechos que supone el pacto alcanzado se corrobora con erigirse en los mejores abogados de esta aceptación resignada de que “es lo que hay”. El mensaje que lanzan a los millones de asalariados que seguirán condenados al arbitrio patronal sobre sus condiciones laborales, la subcontratación sin límite o el despido libre y barato, entre otras cosas, es que no hay más alternativa que esa.

Una posición que tiene su reflejo también en los convenios que vienen firmando en los últimos meses, la mayoría de ellos con la negativa de entrada a convocar ni una sola movilización, que han fijado una pérdida de poder adquisitivo para este 2022 de 5 puntos (con una subida media del 1,%% frente al 6,7% de inflación).

Sordo y Álvarez reproducen el discurso oficial de Unidas Podemos que también se han mostrado contrarios a tocar una coma de la reforma laboral. Su portavoz parlamentario Jaume Asens declaraba recientemente que aceptar las enmiendas de sus socios de investidura supondría “un riesgo real de que la CEOE salga del acuerdo y este es el escenario deseado por el PP”.

Lo firmado por las direcciones de CCOO y UGT, a propuesta de la ministra del PCE, es nada menos que la corroboración “progresista” de la mayor contrarreforma laboral de las últimas décadas, la de 2012, y todo el legado anterior de contrarreformas neoliberales que convirtieron el Estatuto de los Trabajadores en un código de precariedad y barra libre para la patronal.

La casi totalidad de las fuerzas de la izquierda sindical están denunciando esta claudicación histórica y desenmascarando el relato gubernamental de que se trata de una reforma que resuelve los grandes problemas de precariedad.