En septiembre de 2017 la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 150/2017 de ampliación del Parque Natural Los Alcornocales, incluyendo la totalidad de la finca La Almoraima. Esta finca es propiedad de la sociedad pública “Almoraima S.A”, dependiente del Organismo Autónomos de Parques Nacionales, que depende a su vez del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es la mayor finca pública de Andalucía.
El decreto lo recurrió la anterior gerente de La Almoraima Isabel Ugalde, ex diputada del Partido Popular, que demostró actuar más en representación de los promotores urbanísticos y las empresas interesadas en adquirir La Almoraima, que del interés público.
El TSJA desestimó en marzo del año pasado el primer recurso interpuesto por la Almoraima S.A., avalando la legalidad de la ampliación del Parque Natural Los Alcornocales. Esta ampliación del parque natural ha protegido varias fincas de alto valor ecológico sobre las que pendían amenazas de urbanización
La nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, supone otro varapalo a la política de la anterior gerencia de La Almoraima, y del propio Partido Popular que la apoyó, desestimando el nuevo recurso y avalando las razones ecológicas de la ampliación del parque natural. La Almoraima S.A. ha intentado justificar su oposición a la ampliación del parque natural por la falta de valores ecológicos de la nueva zona incluida, formada mayoritariamente en la finca La Almoraima por terrenos agrícolas, y en la falta de continuidad de los terrenos forestales del núcleo original del parque natural con las fincas Borondo, La Alcaidesa y Guadalquitón, incluidas en esta ampliación, y que extienden el parque natural hasta el litoral mediterráneo.
La Junta de Andalucía ha mantenido en sede judicial la defensa de la ampliación del parque natural, aportando informes técnicos que la justifican en base a la presencia de Hábitats de Interés Comunitario y de especies amenazadas en los nuevos terrenos de La Almoraima añadidos, y en su importancia como corredor ecológico para interconectar la totalidad de las zonas forestales del parque natural ampliado. En estos informes se destaca que “la conectividad es necesaria para conservar la biodiversidad”. En esto reside la relevancia de esta sentencia, en la importancia que se le da a la conectividad ecológica entre espacios naturales y ecosistemas.
La sentencia resalta que ya el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, aprobado en 2011, “apuesta por la conexión ecológica entre la Costa y el interior. Defendiendo como zona de interés ambiental-paisajístico y territorial el corredor verde Borondo-Guadalquitón y su prolongación hacia el Parque Natural Los Alcornocales”; concluyendo el Tribunal que “Se busca con ello, entre otros fines, reducir la dificultad de desplazamiento de la fauna, disminuyendo la posibilidad de extinción de especies”. Así mismo, la Sentencia destaca que “el concepto de conectividad ecológica es prioritario para la conservación de la biodiversidad”, y que “La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad exige prever y establecer corredores ecológicos en la planificación ambiental y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)”.
Esta defensa de la ampliación del Parque Natural Los Alcornocales realizada por la Junta de Andalucía en base a la importancia de los corredores ecológicos, y la sentencia judicial que avala la necesidad de la conectividad ecológica, es de alta trascendencia, porque es de aplicación a la totalidad de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía, que deben estar interconectados para conseguir una conservación eficaz y duradera en el tiempo de su biodiversidad.
Incomprensiblemente, la Junta de Andalucía se viene oponiendo a la interconexión de otros espacios naturales protegidos por medio de corredores ecológicos, y se niega a incluir la conectividad ecológica en los PORN de los parques naturales. Más aún, aprueba planes urbanísticos que los cierran y aíslan con urbanizaciones e infraestructuras, como está ocurriendo con los parques naturales de la Bahía de Cádiz, Pinar de la Breña y Marismas del Barbate y El Estrecho. En todos ellos, Ecologistas en Acción ha presentado proyectos de ampliación para interconectarlos con otros espacios naturales.
Por último, Ecologistas en Acción va a reiterar al presidente de la Junta de Andalucía que declare La Almoraima como monte de dominio público y se inscriba en el Catálogo de Montes de Andalucía. Esta declaración conllevaría el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de la totalidad de la finca, y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección. Esta solicitud ya se remitió a la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ni se dignó contestar. Moreno debe demostrar ahora si su «revolución verde» llega para defender y blindar la mayor finca forestal pública de Andalucía.