Se calcula que desde 1998, la Iglesia española ha inmatriculado impunemente 35.000 inmuebles por todo el territorio español, amparándose en la reforma de la Ley Hipotecaria del gobierno del ínclito Aznar.
Recientemente la Conferencia Episcopal ha reconocido que de las 35.000 inmatriculaciones, 965 han sido irregulares. Algo que han pretendido vender como una graciosa concesión de la Iglesia. Es decir, la Iglesia reconoce haber sido okupa de al menos esos 965 inmuebles.
Posteriormente se ha sabido que de las 965 inmatriculaciones reconocidas como irregulares, 126 no se pueden devolver a sus legítimos propietarios porque ya han sido vendidas por la Iglesia. Dinero que no entra en sus cálculos devolver a los propietarios que han sido despojados de sus legítimas propiedades, ya sean particulares o administraciones públicas.
De la Iglesia patria lo podemos esperar todo. Desde querer controlar y decir cómo debemos vivir y relacionarnos con los demás, a su afán desmedido por el dinero, hasta amparar y silenciar los miles de casos de pederastia y abusos a menores en su seno, así como, que no haya pedido perdón por la complicidad con la dictadura franquista.
Conociendo como se las gasta la Iglesia, podemos pensar que las inmatriculaciones irregulares son muchísimas más y que los obispos han encontrado un pingüe negocio en las inmatriculaciones gracias a un impresentable presidente del PP que encontró esa manera para pagar favores pasados a la Iglesia por su actitud crítica y activa contra los gobiernos del PSOE y que a la postre contribuyó a conseguir el poder al PP de Aznar.
Pero no podíamos esperar que el Presidente del llamado gobierno progresista se prestara de forma tan indecorosa a blanquear a los desmanes de la Iglesia asistiendo a la reunión de la Conferencia Episcopal donde supuestamente se le ha ofrecido esos datos como si fueran fruto de la magnimidad cristiana cuando no es otra cosa que el resultado de un latrocinio eclesial metódico y calculado de quienes se saben inmunes al sentirse por encima de la ley en cualquier orden de la vida.
Para más inri, el Ministro de Presidencia manifiesta que estudiará las fórmulas pertinentes para compensar a los propietarios de los 126 inmuebles inmatriculados irregularmente. Es decir, que lo pagaremos todos los españoles a través de los impuestos sea cual sea su fe religiosa o su descreencia en las mismas.
Ante este despropósito y este escándalo no caben silencios estratégicos algunos, solo cabe, de una vez por todas, poner a la Iglesia en el sitio que le corresponde, fuera de las instituciones de Estado. Y aquel o aquellos que tienen una legítima fe, pues que la costeen de su bolsillo y respeten a quienes no la tienen y no obliguen a costeárselas a los demás directa o indirectamente.
Puño en Alto